noviembre 22, 2024

El nieto de Franco evita la cárcel tras embestir un coche patrulla

Francisco Franco Martínez-Bordiú, conocido como Francis, que es el nieto mayor del ex dictador español Francisco Franco, ha escapado de la cárcel por un incidente de tráfico en 2012 que involucró a dos oficiales de la Guardia Civil. El Tribunal Constitucional se ha negado a admitir la apelación presentada por uno de los funcionarios, lo que significa que el caso será archivado permanentemente.

Según el auto judicial, los jueces no consideraron que el recurso de casación tuviera la «especial trascendencia constitucional» necesaria para ser oído en el Tribunal Constitucional.

En 2018, Martínez-Bordiú fue condenado originalmente a 30 meses de prisión por atacar a agentes del orden y por conducción temeraria por un tribunal penal inferior en Teruel, en la región oriental de Aragón, España.

La condena se refería a un incidente que tuvo lugar en la noche del 30 de abril de 2012, cuando la Guardia Civil intentó detener un coche que circulaba con las luces apagadas, por el lado equivocado de la carretera de la autopista 234. El conductor ignoró las señales y huyó de la escena.

Los agentes de la Guardia Civil persiguieron el vehículo durante 30 kilómetros y lo alcanzaron en un punto entre Collados y Laguerruela. Una vez que el auto se detuvo, un pasajero apuntó con una escopeta a los agentes, mientras que el conductor dio marcha atrás y se estrelló contra su patrulla antes de salir corriendo. Uno de los oficiales resultó herido en el accidente. El vehículo, que fue encontrado cinco horas después, fue registrado a nombre de una empresa propiedad de Francisco Franco Suelves, hijo de Martínez-Bordiú.

En febrero de 2018, un tribunal penal de Teruel dictaminó que Martínez-Bordiú era el conductor del vehículo, basando la decisión en una declaración proporcionada por uno de los agentes, quien dijo que reconocía al nieto de Franco como la persona que conducía el coche. Martínez-Bordiú apeló la decisión y fue absuelto por la Audiencia Provincial de Teruel, basándose en que había «pruebas insuficientes» para socavar la presunción de inocencia.

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